Ciudad de México a 3 de septiembre del 2019
La educación es el mayor y mejor servicio que pueda hacerse a un ser humano, a la sociedad, a un país, a la comunidad global. Este servicio de conducción, acompañamiento y entrega, para que otro crezca y alcance una mayor estatura como persona, requiere muchas circunstancias, medios y una clara visión del sentido de nuestra acción.
La verdadera educación es un acto que reclama plena libertad y responsabilidad. Sin una clara y recta intención de educar, la acción se contamina por otros intereses, no trascendentes, ni fundamentales. La educación es la más noble de las tareas, es enseñar a vivir en la altura de nuestra dignidad y cada vez más plenamente.
Los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos en materia educativa deben consolidarse en un marco ordenado de certezas. Por ello, llamamos a nuestros legisladores a que, en este próximo período ordinario de sesiones, se promueva un verdadero diálogo con los principales actores clave de la educación, más allá de foros y mecanismos de recolección de opiniones, con el fin de que las próximas leyes secundarias, respondan con realismo y altura, a los desafíos de la emergencia educativa que hoy vivimos, así como a las exigencias ya plasmadas en la última reforma Constitucional al artículo 3º.
En particular, nos preocupa la libertad de cuatro grupos o sectores de la educación:
1.- La autonomía y plena libertad del organismo que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
La reciente Reforma al artículo 3º Constitucional, en su fracción IX, mandata la creación de “un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión”. Además, ordena la creación de una “Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación”, con tres organismos que la integran: i) Junta Directiva, ii) Consejo Técnico de Educación y iii) Consejo Ciudadano. A su vez, el Proyecto de Ley Reglamentaria señala que la Junta Directiva, única que tiene funciones de conducción, planeación y coordinación, queda supeditada, en la práctica, al Secretario de Educación Pública, así como a un Secretario Técnico puesto por el primero (Cfr. Artículo 9). Lo anterior, genera una clara ficción en la autonomía de toda la Comisión, coartando su libertad de conducción y autoridad técnica, así como nulificando el esfuerzo por parte del Senado de nombrar a cinco comisionados, con el voto de las dos terceras partes (Cfr. Artículos 19 al 30, del citado Proyecto de Ley Reglamentaria).
2.- La libertad y equidad de todo el sector magisterial.
Los Obispos de México, desde el mes de octubre de 2013, es decir meses antes de la entrada en vigor de la Reforma Educativa del pasado Gobierno Federal, señalamos en el documento colegiado: Educar para una Nueva Sociedad, nuestra mayor preocupación por el hecho de que algunos grupos sindicales contaban con un poder político inadecuado, que les permitía sentarse a la mesa con la autoridad, con el fin de negociar condiciones laborales, -entre otras-, mermando el valor central educativo, es decir, el interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes, hoy finalmente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A la letra, el numeral 22 del citado Documento, entre otras cosas, señalaba:
“Los privilegios derivados de la centralización y de prácticas corporativistas y clientelares de los sindicatos, generaron una estructura de dominación y de control que ha vulnerado la autonomía del proceso educativo y ha despojado de capacidad de decisión a la escuela y al maestro y contaminado gravemente la noble tarea de educar”.
Nos preocupa que hoy, la Rectoría del Estado, quede en entredicho, por la presión de estos grupos, impidiendo el ejercicio efectivo de la libertad de sociedad y gobierno, en la estructuración de un nuevo Sistema Educativo Nacional.
3.- El ejercicio de la libertad de educación de los padres de familia, primeros responsables de la educación de cada niño, adolescente y joven, así como la libertad de asociarse, entre particulares para ofrecer una educación particular.
Los tres proyectos de ley que se discutirán próximamente en el Congreso, de manera declarativa, reconocen y alientan la participación de los padres de familia, en la educación de los hijos, abriendo tímidos espacios para su participación. En ninguno momento se les reconoce como “los principales responsables de la educación” de sus hijos, sino sólo como “corresponsables” de ella (Cfr. Proyecto de Ley General de Educación, artículo 78). Por otro lado, no se prevé, ninguna disposición, estructura, presupuesto o mecanismo formal de representación, para su promoción concreta y organizada, sino que se les coloca dentro del multiforme mundo de la participación social, al mismo nivel que otros actores de la sociedad, la economía, el mundo de la comunicación y la sociedad civil. Es decir, se reconoce su derecho, pero no se abren espacios reales de libertad para el ejercicio de sus derechos. Cabría decir, que lo mismo sucede con la educación particular. El reciente Proyecto de Ley General de Educación, contiene nuevas disposiciones para su vigilancia y control, pero ninguna para su promoción.
Curiosamente, y siguiendo viejas visiones estatistas, se acentúa la comunidad escolar como el centro de los procesos educativos a cargo del Estado, cuando ha sido demostrado por la misma historia, que es necesario impulsar su trabajo de la mano de múltiples esfuerzos de educación no formal, que realizan principalmente las familias, así como muchos otros espacios de la sociedad, centros de escultismo, arte, deporte, cultura, entre otros. No olvidemos que los niños, adolescentes y jóvenes, pasan solamente entre 4 y 8 horas en la escuela, diariamente, en cinco días de la semana, mientras las otras 16 a 20 horas, así como los fines de semana, participan de otros ambientes. Hoy se requiere de una visión mucho más realista de la complejidad de los procesos educativos en los ambientes formales y no formales.
El Papa Francisco insiste continuamente en recuperar “el pacto educativo”, entre el gobierno, la familia y la sociedad en su conjunto. Además de reconocer plenamente sus derechos, deben abrirse espacios de ejercicio y promoción libre del mismo.
4.- Finalmente la libertad de gestión de las autoridades de las entidades federativas, mismas que se debe garantizar a través del claro y honesto ejercicio del control presupuestal, así como la clara distribución de competencias.
En la esfera pública, como en otros muchos ambientes, la certeza en el manejo del recurso económico es fundamental para el libre ejercicio de las facultades dadas. Nos preocupa que en algunas materias, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa, queda en la discrecionalidad de la autoridad federal, el manejo de estos recursos, sometiendo a las autoridades de las entidades federativas a una dinámica velada de sumisión. Esto, sin duda alguna coarta su soberanía. Es muy importante que el Federalismo sea fortalecido en este esfuerzo de adecuación y estructuración del Sistema Educativo Nacional.
Como episcopado mexicano, expresamos nuestra voluntad de seguir participando en el ejercicio de nuestra libertad religiosa, dentro del contexto plural de nuestro País. Lo seguiremos haciendo con máxima prudencia y con la intención de buscar el mayor bien de todo el Pueblo Mexicano, incluyendo a sus autoridades.
Pedimos a Jesucristo, Señor y Maestro, cabeza de nuestra Iglesia, Madre y Maestra, nos dé la gracia de servir con pleno celo evangélico, a favor de la promoción de toda persona humana, y de la civilización del amor.
+Rogelio Cabrera López
Arzobispo de Monterrey
y Presidente de la CEM
+Enrique Díaz Díaz
Obispo de Irapuato
y Responsable de la Dimensión Episcopal de
Pastoral Educativa y de Cultura de la CEM
+Alfonso G. Miranda Guardiola
Obispo Auxiliar de Monterrey
Secretario General de la CEM
Pbro. Eduardo J. Corral Merino
Secretario Ejecutivo de la Dimensión
de Pastoral Educativa y de Cultura de la CEM