Introducción

Durante Febrero – Abril de 2020, la situación mexicana está siendo determinada por un virus que se ha propagado a nivel mundial, al grado de generar estados de emergencia en diferentes naciones, de las cuales México no es la excepción. El virus Covid-19 es una enfermedad infecciosa desconocida antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019[1].

El primer caso en México fue registrado el 28 de febrero de 2020, estuvo recluido en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)[2], dando inicio a un mes de acciones paulatinas que establecieron la inminente fase 2 de emergencia sanitaria el 24 de marzo de 2020[3] y el inicio de la fase 3 por la pandemia el 21 de abril de 2020[4]. Afortunadamente, previo al pronunciamiento, en diferentes partes del país ya se habían tomado medidas precautorias.

La inseguridad que sufren los migrantes, la precariedad que genera el no tener un lugar para pernoctar, las enfermedades a las que son susceptibles a lo largo del camino, entre un sin número de vulnerabilidades, los afectan directamente, así como por el cierre de fronteras en el Norte y Sur de México como consecuencia de las políticas efectuadas por la pandemia.

Esta situación potencializa los problemas de aglomeración de migrantes en zonas fronterizas, favorece un ambiente de cultivo para el desarrollo de cualquier enfermedad, y evidencia aún más los problemas sociales para los habitantes locales y para aquellos en espera de una cita en Instituciones Migratorias de Estados Unidos.

Por otro lado, las Organizaciones y personas dedicadas a la atención de la comunidad migrante, se enfrentan a constantes desafíos, ya sea intentando controlar la propagación del virus a partir de la adaptación de sus espacios, las medidas de prevención e higiene, administrando los recursos que tienen y consiguiendo lo necesario para el mantenimiento diario de sus áreas, que permitan el debido cuidado de los trabajadores, agentes de pastoral y la misma comunidad migrante.