DESDE LA CEM: Don Adolfo Antonio Suárez Rivera y su liderazgo en las reformas en materia de libertad religiosa.

Derechos de libertad religiosa del pueblo mexicano

Don Adolfo Antonio Suárez Rivera y su liderazgo en las reformas constitucionales, en materia de libertad religiosa, a finales del siglo XX

Don Adolfo impulso cambios en la estructura socio política del país, a fin de buscar la promoción de los derechos de libertad religiosa del pueblo mexicano.

 Don Adolfo Antonio nació el 9 de enero de 1927 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Aunque su infancia transcurrió durante los años de persecución religiosa, creció y se formó en una familia católica y formó parte del grupo de Vanguardias de la Acción Católica Mexicana.

Durante sus estudios como seminarista cursó cuatro años de humanidades en el seminario de Chiapas, de ahí pasó al seminario de Jalapa y después al seminario de Montezuma en Nuevo México. Posteriormente fue enviado a la ciudad de Roma para continuar su formación en el colegio Pío Latinoamericano y para estudiar la Teología en la Universidad Gregoriana, obteniendo su grado de licenciatura en Teología. Después, ya ordenado presbítero, estudió en el Instituto Catequístico Latinoamericano de Santiago de Chile[1].

Los estudios, tanto en Roma como en Santiago de Chile, dejaron en don Adolfo una marca que llevará consigo durante el resto de su ministerio como pastor. El contacto con el movimiento teológico previo al Concilio Vaticano II y las encíclicas del papa Pío XII, consolidaron su criterio amplio e integrador en la pastoral, así como su visión de Iglesia, en total sintonía con el Concilio Vaticano II.

Recibió la ordenación sacerdotal el 8 de marzo de 1952 en Roma y regresó a México el 23 de marzo del mismo año. Ejerció su ministerio como presbítero de San Cristóbal de las Casas asumiendo diversos cargos.

De 1964 a 1968 fue miembro fundador del equipo interdiocesano de pastoral en la “Unión de Mutua Ayuda Episcopal” para la mentalización post-conciliar de los sacerdotes. Fue nombrado obispo de Tepic el 19 de mayo de 1971 por el papa Pablo VI[2].

Recibió la ordenación episcopal el 15 de agosto de 1971, a los 44 años de edad en Nayarit. Después, fue trasladado al obispado de Tlalnepantla el 28 de junio de 1980 y posteriormente fue trasladado al arzobispado de Monterrey, el 12 de enero de 1984, en donde realizó su ministerio como arzobispo hasta el año 2003.

1. 1.     Antecedentes de la reforma constitucional en materia de libertad religiosa

Después de los movimientos liberales, la consolidación constitucional y las Leyes de Reforma, México tuvo como consecuencia un anticlericalismo, que se mantuvo incluso durante el Porfiriato, como un “anticlericalismo teórico”. Pero, posterior a la Revolución Mexicana, cobró vida y se erigió como bandera de los movimientos políticos que decían buscar la soberanía del pueblo.

El conflicto entre la Iglesia y el Estado, del cual formó parte la famosa persecución cristera (1926-1929), tuvo fin con un pacto social que llevó, tanto a la Iglesia como al Gobierno, a coexistir en un modus vivendi.Este esquema implicaba, para la Iglesia, entre otras cosas, aceptar el «no reconocimiento de “personalidad jurídica”»[3] dado en el artículo 130º constitucional.

Las consecuencias del modus vivendi fueron: la generalización de un estado que impedía el diálogo institucional entre Iglesia y Gobierno para velar por el bienestar del pueblo, el status irregular de la Iglesia y un desinterés en el asunto político y social de parte del pueblo católico[4].

A partir de 1956, cuando el episcopado mexicano se pronunció con respecto a los deberes cívicos de los católicos, comenzó en la Iglesia mexicana una nueva etapa que se caracterizó por el interés en la cuestión política y un aumento en la conciencia de participar en la conformación de una sociedad más adecuada, de tal manera que la Iglesia ya no podía pretender vivir al margen de la situación política y social del país[5].

El Concilio Vaticano II y algunos documentos de la época como: Mater et Magistra, Pacem in terris, la constitución Gaudium et Spes y la declaración Dignitatis humanae, ayudaron a crear conciencia en el episcopado mexicano de la necesidad de gozar de una plena libertad religiosa[6], pero, aún y que hubo momentos de estrecha colaboración entre ambas instituciones, durante la década de los años 60´s, no se procedía a realizar reforma alguna en la Constitución Mexicana.

A finales del siglo XX, desde que el papa Juan Pablo II, en su primer visita a México (1979), había hecho referencia a la situación peculiar en la que vivía el país, sobre todo con respecto a la libertad religiosa, y a la necesidad de avanzar en este ámbito de acuerdo con la tendencia internacional del tiempo, se había despertado en los diferentes espacios de reflexión el interés por dicho tema, sin embargo, durante el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) no se tuvieron iniciativas claras de intentar actualizar las leyes constitucionales[7].

1. 2.     Los pasos hacia la reforma constitucional

 

Uno de los aspectos que fue preparando el terreno para la reforma, fue la reapertura de la Universidad Pontificia de México en septiembre de 1982, fomentando el «diálogo con los “constructores de la sociedad pluralista”, es decir, con las instancias de forja de las decisiones de la cultura mexicana»[8].

Otro aspecto fue la elección de monseñor Sergio Obeso Rivera, arzobispo de Jalapa, como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 18 de noviembre de 1982, quien fue factor decisivo en la labor de diálogo con el poder civil.

Don Girolamo Prigione, delegado apostólico, el señor Suárez como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el licenciado Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República Mexicana tuvieron una participación fundamental en el diálogo Iglesia-Estado.

A los dos años de ordenado obispo monseñor Sergio Obeso Rivera fue nombrado por la Conferencia del Episcopado Mexicano vicepresidente y presidente de la comisión episcopal para el clero; después fue miembro del consejo de la presidencia de la CEM de 1976-1979, asistió como delegado a la Tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla; de 1979 a 1982 ocupó la presidencia de la comisión episcopal para los laicos y fue reelegido para el siguiente trienio.

1. 3.     Arzobispo de Monterrey, presidente de la CEM y colaborador de las reformas

Don Adolfo, siendo arzobispo de Tlalnepantla, colaboraba también en el departamento de laicos de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en el consejo de la presidencia de la CEM y en la comisión episcopal para las diócesis nuevas.

Llegó a Monterrey el 12 de enero de 1984 y desde que inició su ministerio como arzobispo de la Sultana del Norte, manifestó su interés por promover la doctrina social cristiana, el bienestar de la persona humana, la solidaridad para con los más necesitados y la participación activa de la sociedad en la vida política.

«Al restaurar la imagen de Dios en el hombre, Jesús nos esclarece su misterio. A la luz de su palabra y de su ejemplo, comprendemos la excelsa dignidad del hombre, su superioridad sobre las cosas y entendemos por qué “el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene”. Su dignidad exige una vida humana digna: vivienda, trabajo, alimento, respeto, protección, libertad, participación en la vida social y política. La navidad debe ser “la fiesta del hombre”»[9]

El texto muestra don Adolfo a un pastor interesado en el bienestar de su pueblo, que enseña lo que el magisterio de la Iglesia dice en materia de vida social y política.

Años después, en 1987, el señor Suárez publicó una Instrucción pastoral sobre la dimensión política de la fe, con el objetivo de iluminar la realidad de México.

En la introducción, hace una reflexión acerca del nivel de formación política de los mexicanos, porque después de las elecciones de 1986, acusadas de irregulares en San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas, había quedado claro que todavía faltaba mucho por crecer: «La situación socio-política de nuestro país, marcada por un avance lento y contradictorio hacia la democracia, presenta actualmente una agudización de tensiones, por la forma en que se realizaron las elecciones…»[10].

En 1988, cuando fue electo presidente de la CEM, las circunstancias en el país parecían ser favorables para iniciar un proyecto de reforma constitucional en materia de libertad religiosa.

Después de varios años de estudios, asesorías con especialistas, diálogo entre el equipo del presidente Salinas de Gortari, la Iglesia Católica y las demás denominaciones religiosas, se llegó a la reforma.

La publicación de la reforma a los artículos 3º, 5º, 24º, 27º y 130º constitucionales, por parte de la cámara de diputados, se llevó a cabo el 28 de enero de 1992. En la exposición de motivos se reconocía que las circunstancias del país habían cambiado y que era necesaria una reforma que garantizara la libertad religiosa del pueblo mexicano: «Hoy […], el Estado, para modernizarse, ha de reconocer y armonizar a todos los actores sociales, incluyendo a las iglesias»[11].

Es importante aclarar que la libertad religiosa ha sido un tema complicado en la historia de México, que ha tenido repercusiones sociales, económicas y políticas funestas, y aun así, ha sido poco considerado en la agenda nacional, «se puede afirmar que históricamente ha existido un “subdesarrollo” y un “subejercicio” de la libertad religiosa»[12] en México.

Lo anterior permite destacar la acción significativa de don Adolfo, ya que asumió este proyecto con convicción y firmeza, aceptando que con seguridad le causaría dificultades, no solo con algunos políticos mexicanos, sino también con hermanos obispos y sacerdotes que no veían la necesidad de tal reforma.

En el mensaje de apertura de la L Asamblea de la CEM, en noviembre de 1991, el señor Suárez hizo referencia al camino recorrido; desde que monseñor Sergio Obeso, arzobispo de Xalapa, era presidente de la CEM; para promover una reforma jurídica que garantizara la libertad religiosa del pueblo mexicano y mencionó que el episcopado mexicano había dado el placet al proyecto de reforma en la asamblea de marzo de 1990, que se había llevado a cabo en Torreón[13].

Continúa el mensaje expresando que ya se había llegado el momento de llevar a buen término el proyecto que se había propuesto y explica sus beneficios:

«Así llegamos al momento actual en que, por iniciativa del Señor Presidente, expresado en su tercer informe, el tema de las relaciones Iglesia-Estado entrará a las Cámaras Legislativas, para que, en un renovado marco normativo, se reconozca su personalidad jurídica… Así podrá (la Iglesia) servir mejor a nuestro pueblo mexicano, con libertad, sin claudicaciones, aportando la luz del Evangelio y el amor cristiano como contribución específica a la vida social de nuestra nación»[14]

A pesar de ello, en su mensaje se manifestaba convencido de la necesidad de una reforma, no solo en materia religiosa, sino que integrara diversos ámbitos en favor de los pobres.

Menciona que se registraban una serie de cambios económicos y sociales que parecían dibujar una situación de «bonanza», pero que no terminaba por brindar mejores condiciones a los más necesitados. Por lo tanto, afirmaba que los esfuerzos para promover los cambios, tanto en materia de libertad religiosa, como en materia económica y social, tenían el objetivo de promover en el país un marco legal más justo, que beneficiara a todo el pueblo[15].

Es importante subrayar que don Adolfo aclara en el mensaje que, al promover dichos cambios, la Iglesia de México, no buscaba de ninguna manera «cuotas de poder, ni pone su esperanza en privilegios dados por el poder civil […] tampoco quiere la Iglesia claudicar en su misión de evangelizar al hombre íntegramente, siempre en la esfera de su competencia, en el respeto y la libertad»[16], más bien «Aspiramos a vivir como en la mayor parte de las naciones, en donde la libertad religiosa sea protegida con una eficaz tutela jurídica…»[17].

Posteriormente, el 25 de diciembre de 1991, en vísperas de la publicación de la reforma constitucional, el episcopado mexicano publicó una declaración firmada por don Adolfo Antonio Suárez Rivera, como presidente de la CEM y por los demás obispos que conformaban el consejo de presidencia, para anunciarla de manera formal[18].

El documento, después de enunciar el recorrido realizado para llegar a la reforma, y de mencionar el contexto histórico del momento, describe que, con ella, el pueblo mexicano ganaría la promoción de «una vida congruente entre lo que manda la ley y el comportamiento cotidiano»[19], así como un «nuevo entusiasmo para vivir la transparencia de la verdad»[20]. Finalmente, pedía con insistencia que; tanto sacerdotes y religiosos, como educadores, juristas, legisladores y fieles laicos, continuaran haciendo el esfuerzo de ser «instrumento de reconciliación y concordia en México»[21].

1. 4.     Consideraciones finales en torno a don Adolfo Antonio Suárez Rivera 

Ha quedado claro que don Adolfo ejerció un liderazgo importante en torno a la reforma de las relaciones Iglesia-Estado de finales del siglo XX, y que las circunstancias históricas lo llevaron a salir adelante en este proyecto. Sin embargo, parece necesario precisar que su liderazgo, en materia de libertad religiosa, es solamente una parte de todo un mosaico de acciones que dibujan el impacto de su ministerio pastoral.

A nivel local, en la arquidiócesis de Monterrey, impulsó la reorganización pastoral en decanatos y zonas, la creación de nuevas parroquias, la relación con el mundo universitario, convocó al primer sínodo diocesano y llevó a cabo la construcción de las nuevas instalaciones del seminario mayor de Monterrey[22].

Por lo tanto, su acción amplia e integradora, corresponde a un magisterio social nutrido que no se reducía a promover la reforma en materia de libertad religiosa.

El liderazgo de don Adolfo en las reformas constitucionales, no parece ser circunstancial. Los documentos producidos por él, con respecto al tema socio político, manifiestan una firme convicción y una claridad de lo que necesitaba el pueblo mexicano.

Su ministerio episcopal en Tepic, Tlalnepantla y Monterrey, le permitió dejar huella en aquello que sabía hacer desde que decidió seguir la vida sacerdotal: organizar con inteligencia y claridad, promover la dignidad del ser humano, y servir a quienes más necesitan ayuda.

Finalmente, se puede decir que la reforma constitucional sí era necesaria; porque así lo requería el país para estar en sintonía con el contexto internacional del tiempo, porque la situación socio política de México había cambiado de tal forma que la estructura jurídica, en materia religiosa, no correspondía a la realidad y para garantizar una práctica religiosa congruente con el sistema de derecho mexicano.

Pbro. Lic. Jesús Treviño Guajardo